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Leo con sorpresa en los periódicos que la Dirección General de Tráfico, a instancias del Ministerio del Interior, estudia si el descontento de los guardias civiles de Tráfico, manifestado a través de la huelga de bolígrafos caídos, tiene relación con un posible incremento de la siniestralidad en las carreteras españolas.
Los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico son unos grandes profesionales que se limitan a advertir, siempre con sanciones leves, los conductores. No dejan de sancionar infracciones graves que ponen en peligro todos los usuarios de las carreteras. Según este planteamiento, en las zonas donde no hay Guardia Civil de tráfico, por ejemplo en Cataluña o en zonas urbanas, la siniestralidad debería ser cero, y por desgracia no es así.
La dirección general tiene un gran reto cada verano, que es que se reduzca el número de muertos en las carreteras. Intentar culpar a los agentes de este aumento del número de víctimas mortales en las carreteras es, nunca mejor dicho, una excusa de mal pagador. El efecto del carné por puntos ha dejado de tener la efectividad en cuando se estableció. La educación vial debería ser una asignatura obligatoria en los colegios, y las medidas automáticas de control de la velocidad (radares) están situadas en carreteras principales, preferentemente en rectas.
El ejecutivo intenta que la opinión pública critique unos profesionales que lo único que hacen es reclamar mejoras laborales. El problema es que el Estado deja de recaudar unos ingresos por multas, y en nuestro sistema capitalista el jefe es el Ministerio de Hacienda.
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