 Las autoridades judiciales del país ordenan su busca y captura internacional por ejecuciones y torturas. Entre los reclamados por la justicia hay altos mandos del Gobierno y de la Policía.
Cinco suboficiales de la Guardia Civil y tres inspectores del Cuerpo Nacional de Policía españoles han desarticulado en Guatemala la antigua cúpula de Gobernación. Los detenidos están acusados de asesinatos, secuestros y blanqueo de dinero.
La Justicia de aquel país ha ordenado la busca internacional, captura e ingreso en prisión de, al menos, dieciocho altos funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Civil (PNC), de los que, hasta ahora, han sido apresados siete. La orden de arresto incluye también al ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann Montes; al ex director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Johann Sperisen Vernón; a su segundo de a bordo, Javier Estanislao Figueroa Díaz, y al ex jefe de la División de Investigación de la Policía Nacional, Soto Diéguez.
Las pesquisas practicadas por los investigadores españoles, que todavía no han concluido, apuntan a la posibilidad de que alguno de los agentes guatemaltecos ahora procesados haya podido intervenir en la ejecución de cientos de personas. Las requisitorias dictadas ahora por el Juzgado de Alto Riesgo guatemalteco es el fruto de más de dos años de trabajo de estos funcionarios de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía adscritos, entre los años 2008-2010, a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que dirigía como comisionado por la ONU el fiscal español Carlos Castresana Fernández.
Este organismo internacional investigaba las ejecuciones que tuvieron lugar en el país americano durante el Gobierno del presidente Óscar Berger Perdomo (2004-2008). Como detalle curioso de esta historia de crímenes y palizas investigada por el Cicig hay que destacar que las responsabilidades por las ejecuciones extrajudiciales tuvieron como máximo objetivo de imputación al ex ministro de la Gobernación, Carlos Vielmann, huido del país y ahora en busca y captura, sin que para nada haya sido citado el ex presidente Óscar Berger, máximo responsable de todo lo que ocurrió en Guatemala durante la época en que fue su presidente.
Carlos Castresana contó en su lucha contra la impunidad policial guatemalteca con eficaces colaboradoras como la también fiscal costarricense, Gisele Rivera, una gran investigadora y alma máter de muchos de los descubrimientos conseguidos. Rivera fue la encargada, junto a los guardias civiles españoles, de investigar temas tan importantes como el caso Pavón, el caso Infiernito, el caso Boquerón y el caso Parlacen, entre otros. Todos estos casos están relacionados con las ejecuciones, por parte de la policía, de presos internados en distintas cárceles del país, así como el asesinato de tres parlamentarios salvadoreños, eliminados junto a su conductor cuando se encontraban en Guatemala para asistir a una reunión del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Días después fueron detenidos cuatro policías guatemaltecos acusados de abatir a tiros a los tres parlamentarios y a su conductor y de quemar sus cadáveres después con la intención de no dejar huellas. Estos agentes correrían la misma suerte que sus víctimas al ser asesinados dentro de la cárcel El Boquerón, donde se encontraban en espera de juicio. Quizá fueron abatidos parar evitar que se fueran de la boca e identificaran a la persona que les ordenó el asesinato de los diputados.
Con el fiscal Castresana colaboraron también policías de distintos países que, al igual que los investigadores españoles, estaban adscritos al Cicig.
Encubridores
Uno de los informes elaborados por los agentes españoles que investigan la impunidad en Guatemala durante la presidencia de Óscar Berger al que ha tenido acceso LA GACETA dice: “En la República de Guatemala, en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2007, se gestó un grupo delictivo conformado por Carlos Vielmann Montes, quien en ese periodo ocupó el cargo de Ministro de Gobernación. Éste incorporó una organización clandestina integrada por individuos del sector público y del sector privado. Estas personas son Erwin Johann Sperisen Vernon, que ocupó el cargo de Director General de la Policía Nacional Civil; Javier Estanislao Figueroa Díaz, que fue Subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil; Víctor Rivera Azuaje, investigador en el sector privado y promovido al puesto de Asesor del Ministro de Gobernación, y Víctor Soto Diéguez, que desempeño la función de Jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, entre otros.
Además, el informe añade que “el grupo así constituido desde su nombramiento por el Ministro y sus colaboradores más directos inició, prevaliéndose de las investiduras oficiales que tenían, una actividad criminal continuada que consistía en “limpieza social” (ejecuciones extrajudiciales), asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero, secuestros, extorsiones y robos de droga, entre otros”.
Este grupo, “cuyos individuos separadamente ya habían participado anteriormente en actividades criminales”, siguió “un patrón de conducta sistemático en los casos que se le atribuyen.
En su ejecución se auxiliaban de otros integrantes de la Policía Nacional Civil, en especial de Víctor Ruiz y de otros “investigadores” del sector privado, como los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez Barrios. Y para el encubrimiento de los crímenes, de algunos fiscales del Ministerio Público”.
Según estas mismas fuentes consultadas, a los hermanos José Luis y Henry Danilo Benítez Barrios, preparados en tareas operativas por el Mosad (servicio secreto israelí), se les encargó, presumiblemente, la misión de entrar en la cárcel y asesinar a los policías que mataron a los tres parlamentarios salvadoreños y a su conductor.
Para entrar en la prisión y poder moverse por sus dependencias contaron, presuntamente, con la colaboración de Alejandro Giammattei, director de Sistema Penitenciario, cuya detención ha sido ordenada por las autoridades guatemaltecas.
Giammattei se refugió en la embajada de Honduras en Guatemala para evitar su detención cuando supo que el informe elaborado por los investigadores españoles adscritos al Cicig se había hecho público.
El 14 de agosto, tras permanecer nueve días refugiado en la Embajada de Honduras, Giammattei salió de la sede diplomática y fue conducido a la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde quedó detenido, acusado de la ejecución extrajudicial de diez reos. Tenía una orden de captura en su contra por los delitos de ejecución de tres presos fugados de la cárcel El Infiernito en el 2005, y de siete reclusos en la Granja Penal de Rehabilitación Pavón. Estaba también acusado de asociación ilícita.
El ex candidato presidencial manifestó que se considera preso político y se declaró en huelga de hambre. Giammattei dijo a los periodistas que las imputaciones en su contra no son ciertas y que iniciaba una huelga de hambre hasta que se le garantice un proceso justo.
Asimismo, denunció acciones de intimidación y persecución en su contra, además de señalar que le habían intervención llamadas telefónicas. Ir a la publicación original |
