Una denuncia ante Anticorrupción señala sobreprecios en diversas actuaciones.
El ministerio fiscal se ha interesado por las obras de reforma que se contrataron, con cargo al llamado Plan E, en varios inmuebles propiedad de la Guardia Civil en Canarias, ya que, según una denuncia presentada en julio del año pasado ante la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios de que los costes reales de las intervenciones sean muy inferiores a los declarados. La fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas Beatriz Sánchez ha requerido información a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil sobre estas actuaciones, una vez que el caso fue derivado desde Anticorrupción.
Le denuncia, que fue presentada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), detalla los trabajos llevados a cabo en algunas de las dependencias de la Benemérita en la provincia de Las Palmas, que podrían haber sido objeto de sobreprecios, y compara su coste con los precios de mercado. El texto cita entre sus fuentes una información publicada por ABC en su edición del día 24 de mayo de 2010, titulada «El Plan E convierte una reforma de sólo 380.000 euros en una obra de un millón», que se centraba específicamente en la intervención hecha en el Cuartel de la Guardia Civil de Tráfico de Maspalomas (Gran Canaria) para la restauración de trece viviendas.
La fiscal Sánchez ya ha requerido dos veces la información, puesto que una primera entrega que recibió, en papel, no era del todo exhaustiva. Así, la pasada semana recibió de la Dirección de Policía y Guardia Civil 5 cederrones con una información lo suficientemente amplia como para que solicite una prórroga de seis meses, ya que el plazo para presentar un escrito vencía a finales de marzo, según ha podido saber este periódico de fuentes judiciales.
En esta documentación se da cuenta de todos los proyectos y las modificaciones de obra de las distintas dependencias del Instituto Armado que fueron objeto de las actuaciones. La denuncia solicitaba que se investigase, además de lo ocurrido en el cuartel de Maspalomas, los casos de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), las 36 viviendas de los pabellones logísticos de San José, en la capital grancanaria, junto con lo actuado en las 18 viviendas de Gran Tarajal (Fuerteventura) y San Bartolomé (Lanzarote), con 8 viviendas. Según el texto de la denuncia, en todos esos casos se ha trabajado con unos presupuestos demasiado elevados para las escasas viviendas que se reforman.
Agotadas otras instancias
Según ha podido saber este periódico, la denuncia ante la Fiscalía llegó tras haber agotado antes otras vías, entre ellas, la petición de una auditoría externa a la Guardia Civil para que se centrase en el estudio de los costes de las obras de reforma en los distintos cuarteles de la Benemérita en la provincia de Las Palmas. La respuesta a esta presentación, realizada ante la Secretaría de de Estado de Seguridad (Ministerio del Interior), fueron unas escuetas catorce líneas en las que el subdirector general inspector prometía tener en cuenta la información aportada para «futuras inspecciones», a la vez que solicitaba que se le aportaran más datos, «incluso con soporte documental».
