La tensión es la nota predominante en las aguas circundantes al estrecho de Gibraltar. Ello es así porque las autoridades del Peñón se dedican sistemáticamente a hostigar a las patrulleras de la Guardia Civil, encargadas de prevenir tráfico de drogas, contrabando e inmigración ilegal, entre otros cometidos. En esa lista de tareas no debería figurar el evitar todo contacto con las embarcaciones gibraltareñas, aunque han de hacerlo si no quieren tener problemas. Porque el último incidente conocido, en el que una patrullera de la Benemérita —en plena persecución de una embarcación de traficantes- fue abordada por otra de Gibraltar, es sólo una muestra más del permanente desprecio que desde la administración de la Roca se tiene hacia España.
La protesta ante el Reino Unido se antoja una pérdida de tiempo. A Londres le importa bastante poco lo que suceda en Gibraltar, y si bien la soberanía del Peñón no suele ocupar un lugar preferente en la agenda de las cancillerías británica y española, lo cierto es que el gobierno inglés debería de meter algo más en cintura al gibraltareño. Porque hoy Gibraltar vive fundamentalmente del blanqueo de un dinero cuya procedencia no siempre es todo lo honesta que debería. Los barcos que navegan por la zona utilizan sus aguas para limpiar sus fondos, contaminando impunemente, a sabiendas de que sus acciones quedarán impunes. Y por si esto fuera poco, la manga ancha que sus autoridades han mostrado siempre con el contrabando es de todo punto inadmisible. Corresponde, pues, al Reino Unido tomar cartas en el asunto. Y, a España, apremiar para que se haga a la mayor brevedad posible.
Las cosas que se valoran y cuantifican ayudan a enfocar los problemas desde una óptica menos visceral. En este sentido, el volumen de intereses económicos que unen a España y al Reino Unido es considerablemente más importante que todos los negocios de la Roca juntos. Por otra parte, no se conoce un off-shore que haya sobrevivido, por no hablar de prosperado, molestando y enemistando a su mainland. El blanqueo de dinero, el contrabando y la contaminación de aguas no son formas de vida tolerables en la Unión Europea. Las autoridades británicas deben comprender que si sus homólogos franceses han cerrado la frontera con Italia por un tema de emigración ilegal, bien puede hacerlo España por un asunto de contrabando de drogas.
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